Aperturan indagación contra tres congresistas en caso de corrupción de recursos de Paz

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¿Cuáles son los tres congresistas implicados en el caso de corrupción de recursos destinados para la paz?

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar a tres congresistas por el escándalo de supuesto robo de los recursos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, para la ejecución de proyectos e inversiones para la paz.

Los congresistas investigados, Alfredo Ape Cuello, Wadith Alberto Manzur y Yamil Hernando Arana, los tres del Partido Conservador.

Blu Radio lanzó la hipótesis de que estos congresistas habrían intercedido en el proceso de los OCAD Paz presuntamente cobrando coimas a cambio de la adjudicación de contratos para los municipios PDET, los más afectados por el conflicto.

En la investigación también fueron mencionados como parte del entramado el exdirector de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, de la Contraloría Juan Carlos Gualdrón, y de regalías, Aníbal Quiroz.

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En la denuncia también hacía referencia a Álvaro Ávila Silva, Secretario Técnico del Ocad Paz como uno de las personas vinculadas a las irregularidades.

Las coimas, al parecer, eran exigidas a alcaldes para lograr que avanzaran en el trámite para la aprobación de las obras que llevarían a sus municipios.

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Emilio Archila, el alto consejero para la Estabilización, fue citado a dar su versión ante la Corte Suprema el próximo 1 de agosto. La magistrada a cargo de este caso es Cristina Lombana.

Las denuncias llegaron hace alrededor de un año a Archila, y advertían sobre la supuesta existencia del mal manejo de recursos públicos en el que varios funcionarios cobraban un porcentaje del valor de los proyectos para incidir en su trámite.

Se trata de proyectos ubicados en municipios priorizados para el posconflicto (PDET) en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Es de resaltar que, este caso también en investigado por la Procuraduría General que adelanta 24 procesos por presuntas irregularidades disciplinarias de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos en proyectos, por cerca de 250.000 millones de pesos.

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