A partir de hoy y hasta el 23 de junio se llevará a cabo la audiencia de reconocimiento de siete exmiembros del Secretariado de la extinta guerrilla por los secuestros perpetrados en el conflicto armado.
Posteriormente de que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad al antiguo Secretariado de las Farc-EP, dentro del caso 01, los siete comparecientes de la extinta guerrilla se presentarán ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana.
Lo anterior con el fin de reconocer o rechazar su responsabilidad por las órdenes que dieron de secuestrar a personas durante el conflicto armado, así como por su omisión de control de los malos tratos que padecieron las víctimas.
Leer También: En próximos días el gobierno iniciará el proceso de empalme con Gustavo Petro
De ésta manera, del 21 al 23 de junio, Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar deben pasar del reconocimiento escrito, que presentaron en abril de 2021, al reconocimiento público de los hechos y conductas que halló la JEP.
Los hallazgos de la investigación indican, que las órdenes de secuestro se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o vulnerabilidad especial.
El trato dado a los secuestrados quedaba a discreción de la guardia y el comandante de turno, y las víctimas han reportado casos graves de torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado durante el secuestro.
Tres patrones cimentaron la política de secuestro de las Farc-EP para financiar a la organización armada en sus diferentes niveles jerárquicos, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios castigándola por diversos motivos, investigándola por su presunta cercanía a los enemigos de la guerrilla o controlando la presencia y acciones de empresas y funcionarios públicos.
Durante las audiencias, los siete comparecientes podrán hacer público o no su reconocimiento de responsabilidad en los hechos imputados. A su vez, las víctimas acreditadas tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre lo que los siete imputados digan en sus intervenciones y exponer sus demandas de verdad. Las demás víctimas acreditadas podrán observar la diligencia y tendrán 15 días hábiles para entregar observaciones y demandas ante el reconocimiento.
Tras la audiencia, la magistratura tiene tres meses para remitir la resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz que definirá la sanción a imponer a los imputados.
