Colombia es uno de los países más peligrosos para los líderes sociales

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Defensores de Derechos Humanos, ambientalistas y sindicalistas, viven en constante riesgo de ser asesinados en Colombia.

Según un informe revelado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), en un evento en la Universidad del Externado, entre enero de 2020 y diciembre de 2021, registró 58 casos de ataques hacia sindicalistas, activistas o defensores de Derechos Humanos cuya labor cuestionaba empresas o a prácticas empresariales en el país.

A esa cifra se suma los más de 400 defensores de Derechos Humanos asesinados en Colombia desde el 2016 en la firma del Acuerdo de Paz, de acuerdo con el CIEDH. Y desde el 2015 han sido 293 víctimas.

En el informe también indica que la violencia asociada a defensores en contextos empresariales se concentra principalmente en el sector extractivo y las agroindustrias, lo que se entrelaza además con conflictos por tierras o territorios.

“Décadas de conflicto armado interno, de violencia relacionada con el crimen organizado y el dominio de las industrias extractivas mediante el uso intensivo de tierras (para minería, el petróleo, el gas, el carbón y los proyectos de fracking)”

SON ALGUNAS DE LAS CAUSAS QUE REGISTRARON EN EL ESTUDIO.

Los ataques registrados a los defensores por ramas de la producción se reportaron de la siguiente manera:

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  • Sector del petróleo, carbón y gas (23 casos)
  • Agronegocios como palma, banano o azúcar (10 casos)
  • Minería (9 casos)
  • Hidroeléctricas y fuentes de energía renovable (4 casos)
  • Transporte (5 casos)
  • Seguridad privada (5 casos)
  • Turismo (1)
  • Empresas de agua (1).

La investigación en el país, también arrojó que la mayoría de ataques viene por parte de grupos paramilitares y grupos de delincuencia organizada que “presuntamente a veces actúan en nombre de empresas privadas”, según el informe: “algunas de las empresas más grandes y bien establecidas en el sector extractivo fueron repetidamente vinculadas a la violencia en sus operaciones”.

“Las medidas para evitar los ataques contra los defensores tienen que se eficientes, predictivas y concertadas”

INDICÓ JUAN CARLOS MONGE, INTEGRANTE DE LA OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS.

Además, los autores del informe argumentaron que en la mayoría de casos se repiten los ataques contras las mismas personas y las mismas comunidades aun después de que se denuncian, es decir, las medidas de protección no están funcionando.

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