Contraloría halló irregularidades en contratación en la Alcaldía de Timaná

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Las irregularidades fueron halladas en la adjudicación y ejecución de contratación directa.

La primera auditoría realizada por la Contraloría a la actual Alcaldía de Timaná, en cabeza de Marco Adrián Artunduaga, concluyó con 39 hallazgos (17 administrativos; 9 disciplinarios, 4 penales, 7 fiscales y 2 sancionatorios). Hallazgos con alcance fiscal que ascienden los 935,19 millones de pesos.

Las anomalías fueron identificadas en la adquisición de artículos de ferretería para mejoramientos de vivienda urbana y rural. La contratación se hizo en febrero del año pasado, sin los soportes sobre entrega del material, en plena campaña electoral. Pero además, con cargo a otro rubro.

La administración comprometió y ejecutó el rubro presupuestal destinado para mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos (no para vivienda) con una posible aplicación oficial diferente.

Los estudios previos no justificaron la necesidad de la inversión. Tampoco se evidenció relación de los beneficiarios de los mejoramientos de vivienda o el tipo de obra ejecutada. Tampoco, evidenciaron una debida planeación, cuando se habla de mejoramientos, no hace alusión o menciona beneficiario, lugar, y necesidad de lo que realizaría el municipio.

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Acción que puede configurar un presunto peculado por aplicación oficial diferente y otros hallazgos con presunta connotación fiscal, disciplinaria y penal.

Dicho contrato, registra un presunto detrimento patrimonial, cuantificado en la suma de 22,23 millones de pesos, que corresponde al valor de los recursos públicos contratados para mejoramientos de vivienda urbana y rural.

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Otra de las irregularidades fue hallada al contratar refrigerios, almuerzos especiales y arreglo florales para los concejales e invitados especiales en contravía al parecer con las normas de austeridad del gasto. Contrato de prestación de suministro N° MC-02-2021fue celebrado con la empresa JPL Servicios por la suma de cinco millones de pesos

Por su parte, la auditoría financiera encontró igualmente irregularidades administrativas, con connotación fiscal por la contratación de una consultoría fallida para la creación del Instituto de Movilidad, Tránsito y Transporte de Timaná.

Dicho contrato fue celebrado el primero de julio de 2021, por el valor de 25,39 millones de pesos. El contratista debía diseñar y formular el estudio de factibilidad para la creación del organismo de tránsito.

El proyecto fue radicado el 15 de febrero del año 2022, pero naufragó en la comisión tercera y no fue aprobado, entre otras razones, por deficiencias de la consultoría.

El hundimiento del proyecto en el concejo, se debe porque consultoría no definía el presupuesto inicial para poner en funcionamiento el instituto, tampoco aportó los certificados de disponibilidad presupuestal que permita esta financiación inicial por parte del municipio.

Pues no tenía claridad la estructura administrativa y operativa, y no presentaba una solución a la problemática de movilidad en el municipio. La indebida gestión de esta consultoría que configura un hallazgo administrativo con posible incidencia fiscal en cuantía de 25,39 millones, valor del contrato.

Foto de Ilustración.

La auditoría también encontró aparentes anomalías en el suministro de mercados para la población víctima del conflicto armado de Timaná. El valor ascendió a la suma total de 11,25 millones de pesos, sin que exista certeza sobre la entrega.

En los dos contratos aparece la entrega de mercados en lo corrido del año 2022 según la relación de las actas de entrega y salida de elementos de consumos. Los contratos fueron cancelados el 15 de diciembre de 2021, y en consecuencia los mercados fueron entregados posterior a la liquidación del contrato. Además, no relacionó el listado de las personas priorizadas para las entregas de los mercados.

Adicionalmente, la Contraloría puso al descubierto anomalías en otro contrato de prestación de servicios profesionales para la actualización del censo de silvicultura urbana (CSU) y asesoría en la elaboración del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) por la suma 36 millones de pesos.

En el expediente contractual, el organismo de control encontró que la administración celebró dicho contrato con una persona natural, que, al parecer, no reunía los requisitos y no con una persona jurídica con trayectoria.

Por último, el informe reveló que durante la vigencia 2020 no ingresó ningún pago por concepto de estampillas por parte del Hospital San Antonio de Timaná. En los dos últimos años la entidad suscribió 889 contratos, pero no realizó los descuentos aplicables por concepto de pago de estampilla Pro-Adulto Mayor, Procultura, Pro-Deporte y Recreación.

Por lo tanto, el Municipio dejó de percibir el valor de 757, 26 millones de pesos que constituye un detrimento patrimonial.

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