La decisión se debe a su presunta participación en manipulación de procesos de selección y la exigencia de contribuciones irregulares.
La Procuraduría General de la Nación ha tomado una decisión contundente en el caso del superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, al anunciar su destitución e inhabilidad por 12 años. Esta medida se ha tomado tras una investigación exhaustiva que reveló una serie de irregularidades en su gestión.
Según el ente de control, Pérez Casas modificó la lista de elegibles a cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación, sin justificación alguna. Esta acción incluyó a personas que no habían participado en la convocatoria, lo que pone en entredicho el proceso de selección y la transparencia en el mismo.
Además de estas manipulaciones en los procesos de selección, la Procuraduría encontró al funcionario responsable de exigir contribuciones económicas a las cajas de compensación que estaban bajo su vigilancia. Esta exigencia se tradujo en un aporte en dinero para la población de Buenaventura, Valle del Cauca, una acción que la investigación determinó como ilegal, ya que excedía las facultades legales del superintendente.
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Es especialmente preocupante que Pérez Casas, siendo abogado y conocedor de las leyes que rigen su función, haya actuado con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus acciones. La Procuraduría resalta que el superintendente sabía que no tenía la potestad de solicitar contribuciones adicionales a las legalmente establecidas por ley, ni tampoco de pedir apoyos solidarios.
Este no es el primer episodio de controversia en la gestión de Pérez Casas. Ya en noviembre del año pasado, había sido suspendido provisionalmente por tres meses por este mismo caso, en el que se le acusó de desconocer principios fundamentales como la igualdad, la legalidad y la moralidad.
En resumen, la destitución e inhabilidad por 12 años del superintendente de Subsidio Familiar son el resultado de una serie de acciones irregulares que socavan la integridad de los procesos de selección y la legalidad en el ejercicio de sus funciones. La Procuraduría ha actuado en consecuencia, enviando un claro mensaje sobre la importancia del respeto a la ley y la transparencia en la función pública.
