El ente de control investigará también a 6 funcionarios por irregularidades y presuntos incumplimientos en los proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad y de espacio público del Distrito Capital
La Procuraduría abrió investigación al exdirector general del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez Fonseca, posesionado durante la Alcaldía de Claudia López; por presunto incumplimiento en los proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad y de espacio público de Bogotá, contratados con recursos de valorización.
La entidad también investiga por presuntas conductas irregulares en obras inconclusas y abandonadas en Bogotá a la exsubdirectora general de infraestructura, Claudia Tatiana Ramos Bermúdez; al exdirector técnico de gestión contractual, Juan Carlos González Vásquez; al subdirector técnico de ejecución, Jaime Augusto Bermúdez Díaz; a la exdirectora técnica de construcciones, Denice Bibiana Acero Vargas; a la abogada de la dirección técnica de gestión contractual, Ginna Paola García Bohórquez; y al exdirector técnico de proyectos, José Félix Gómez Pantoja.
Asimismo, a los contratistas del bilateral de interventoría, Miguel Ángel Botero Gómez, en su calidad de representante legal de MAB Ingeniería de Valor S.A. y al suplente del anterior cargo, Ariel Alberto Corredor Gómez. Esta investigación nace ante la evidencia de obras inconclusas y abandonadas en Bogotá, así como demoras en la ejecución de proyectos con un presupuesto aproximado de $18.000 millones, que presentan problemas de diseño y construcción. También se cuestionan las prácticas en la supervisión e interventoría de dichas obras.
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La Procuraduría también ha ordenado la revisión de 14 contratos adicionales, sospechando que estas obras pueden estar en situaciones similares y financiadas con los mismos recursos de valorización. Se destaca que, de las 15 construcciones revisadas, solo una ha sido completada en su totalidad, mientras que las demás permanecen inconclusas o en estado de abandono.
La gravedad de las sanciones dependerá de los resultados de la investigación y la demostración de la culpabilidad en las irregularidades atribuidas. La Procuraduría evaluará la naturaleza de las faltas, el daño causado al patrimonio público, la intencionalidad y cualquier otra circunstancia agravante o atenuante. La finalidad de estas sanciones no es solo sancionar al implicado, sino también prevenir futuras conductas irregulares en el ejercicio de la función pública y proteger la moralidad administrativa.
